Columna de opinión publicada en La Tercera por el equipo académico y gestor del Eje de Liderazgo y Participación Femenina del Consorcio Science Up.
La existencia de brechas de género en la educación superior de Chile es un tema que se ha comenzado a discutir y visibilizar en los últimos años. A raíz de esto, los planteles de educación superior han iniciado una serie de acciones para incorporar perspectiva de género y aumentar la participación de mujeres en todos sus niveles: a través de mecanismos de ingreso especial para mujeres, creación de unidades de género en las instituciones u ofertas laborales, que promueven la contratación de mujeres ante la igualdad de condiciones curriculares.
De acuerdo al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en la actualidad el 53% de la matrícula de educación superior corresponde a mujeres. Sin embargo, sólo una de cada cuatro mujeres optan por carreras de áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés).
Aún más severa es la diferencia en el porcentaje de egreso de carreras de pregrado en áreas STEM según sexo, que sitúa a Chile en la última posición, con un 19% de mujeres, mientras la media OCDE alcanza un 32%. Por consiguiente, no es de extrañar que estas brechas de género se extrapolen al estamento docente, con ausencia de liderazgos femeninos o bajo porcentaje de investigadoras. Sin ir más lejos, la Radiografía de Género en CTCI 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, refleja con claridad estas brechas estructurales: las mujeres que alcanzan la máxima jerarquía de profesora titular en las universidades chilenas llega apenas al 22%; en solicitudes de patentes la representación de mujeres es del 15%; y la presencia de mujeres en investigación llega sólo al 34%.
Ante este escenario, celebramos los avances que se están concretando en el sistema educativo, como es el caso de la Ley N 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior e incorpora el avance en estas materias al proceso de acreditación institucional.
Estas políticas van en línea con los desafíos que tenemos como sociedad y son iniciativas que nos dan la oportunidad para avanzar hacia una verdadera transversalización de la perspectiva de género en todas sus dimensiones. Además, es urgente y trascendental que estos compromisos y voluntades se plasmen en las normativas y estructuras que sustentan a las instituciones de educación superior.